Decir que el Estado es un factor que dinamiza
la economía de un país, mucho más que las inversiones que pueden hacer todas
las empresas privadas, es reconocer su
intervención en los mercados, en la libre competencia y en la acumulación de
capital; con el cobro de impuestos directos e indirectos, estableciendo el
salario mínimo; determinando el poder adquisitivo y principalmente según con
las inversiones que hace en temas como lo es la infraestructura. Keynes sabía
que la intervención del Estado en la economía además de controlar la moneda, su
precio, los intereses de los préstamos bancarios, entre otras intervenciones, las inversiones públicas que hace podían
generar el suficiente empleo para así generar un consumo que reactivara,
mantuviera y en algunos casos aumentara la producción, y así lograr un ciclo
económico que explica la macro economía teniendo como principal protagonista el
Estado. Las inversiones públicas
dinamizan la economía y logran superar crisis si el problema económico su
solución depende de la intervención del Estado, si ese no es el problema disminuir
los impuesto como también los gastos innecesarios que tiene un Estado que son
el motivo de algunas reformas tributarias, mayor recaudo a partir de impuestos
para mantener un aparato estatal, que puede ser ineficiente y que si fuera una
empresa según no sería rentable por sus gastos y porque lo que produce no le
alcanza para mantenerse, lo cual estaría en la quiebra y su principal ejecutivo
despedido o sin trabajo porque no sabe administrar.
Será qué ¿Fue el mejor periodista de la “sección económica” “Debe Gastar” del periódico dónde trabajó? “Si al final le toca correrse, que se corra”.
Será qué ¿Fue el mejor periodista de la “sección económica” “Debe Gastar” del periódico dónde trabajó? “Si al final le toca correrse, que se corra”.
Las regalías que reciben los departamentos y
los municipios, entes territoriales, son
ingresos que no dependen del recaudo de impuestos que hace el Estado en todo su
territorio y de toda su población, los impuestos corrientes que se recaudan en
todo el territorio nacional, a parte de las regalías son transferidos a cada
uno de los entes por medio del Sistema General de Participaciones que según la
Ley 715 del 2011 menciona en lo que se
deben invertir con prioridad. Las
regalías del petróleo y la minería que ahora se reparten no exclusivamente a
los ententes territoriales productores y por donde pasan oleoductos o donde
están situados puertos, es un presupuesto que es adicional y una ganancia
marginal que reciben ahora todos los entes. La economía de los entes
territoriales para sus inversiones, no en todos, no genera los suficientes
ingresos para que no dependan del Estado central, es decir para hacer una
inversión como lo son las carreteras que unen a los departamentos y que dicen
que son de cuarta “generación” o en el caso del Metro de Bogotá se necesitan de
recursos adicionales que el distrito no obtiene con el recaudo de impuestos o
algunos departamentos y municipios en el caso de las carreteras de cuarta
“generación” así pasa con muchos otros entes territoriales donde su Producto
Interno Bruto y su Ingreso Per-capita no es el suficiente, que ni siquiera
algunos pueden mantener su burocracia, pero dependen completamente del Sistema
General de Participaciones y también ahora de las regalías probablemente. Si
cada uno de los entes territoriales como lo son los municipios y departamentos recaudarían lo suficiente para
mantenerse y para hacer inversiones sería un país federal o con mucha más
autonomía. Por el momento deben cumplir primero con inversiones en salud,
educación, agua potable y saneamiento básico; principalmente con la población pobre, es en
lo que se debe invertir con prioridad según la Ley 715 del 2001 y para lo cual
se necesita planeación, lo que se invierta esté mencionado en un el Plan Operativo
Anual de Inversiones Ley 179 de 1994 artículo 2 y en el Plan de Desarrollo que deben ser bien
debatidos y evaluados en época electoral.
La Ley de Garantías que según se debe derogar
porque impide que se contrate y se asigne un presupuesto para que se ejecute el
proyecto que se está contratando, precisamente durante época electoral, hace
que el Estado continúe entendiéndose como un factor que dinamiza la economía,
pero es un porcentaje del presupuesto que se asignaría para un contrato que
durante época electoral no se ha
planificado, por lo tanto sería una inversión que no se sabe si dinamizará o
contribuirá para reactivar la economía; cuando una obra pública puede aumentar las posibilidades de empleo, de rentas, de
mayor consumo y un aumento en la producción de bienes y servicios, mayor
recaudo de impuestos, mayor inversión pública.
Keynes a quien se le debe que Estados Unidos
continuara con un desarrollo económico progresivo después de la crisis de 1929 “la
Gran Depresión” afirmaba que hay que estimular la economía aumentando la
demanda cuando hay recesión, lo cual el Estado con las inversiones públicas
causa una demanda agregada, quienes están desempleados trabajan y aumentan los ingresos de quienes están trabajando
porque los empleados consumen entonces producen más, en consecuencia generan ahorro y
se aplica una política fiscal que pague la deuda del Estado por las inversiones
que realizó con la que creó infraestructura.
En Colombia como los actos de algunos
políticos y funcionarios públicos “contratistas” se perciben con sospecha
porque se han caracterizado por la
corrupción y dejan las obras públicas mal hechas, más cuando los procesos
electorales causan que la democracia se degenere en demagogia y los contratistas
que ahora tienen la plata “esa oligarquía
que sí participa en elecciones” es probable que derogando la Ley de Garantías
no signifique mejorar la afectividad en el “gasto público social” o que
dinamice mejor la economía, es hacer que la política tenga un precio cuando los
recursos públicos que tienen los “contratistas” como se sospecha “se gastan” se
utilicen durante los cuatro meses anteriores a las elecciones con el fin de
beneficiar al candidato que quieren los “contratistas” que tienen la plata para
comprar a quienes están dispuestos a vender su voto, con un contrato de mercados, de lechona, entre otros bienes de consumo que se invierten en época
electoral, a parte de las casas que regala el gobierno, en las pasadas
elecciones al congreso y a la presidencia, y que según es gracias a la construcción que
la economía nacional(PIB) no depende únicamente del petróleo, y va “bien” ¿No?
Pensar en cómo invertir los recursos públicos
que son en verdad un “costo” social, si son invertidos y causan más desarrollo
en consecuencia reactivarían la economía, de lo contrario serán como dice la
ley un “gasto social” la diferencia es obvia si se hace la analogía con una
empresa privada y su contabilidad, los “costos” de producción es la inversión que
se debe hacer para que el producto continúe produciéndose, bien sea por
financiación, ahorro o utilidades y ingresos que recibe la empresa por la venta
del producto para seguir produciendo un bien o un servicio, se habla de gastos
cuando estos no hacen parte o son esenciales para mantener los modos de
producción. Parece que esos políticos de siempre y los que no están de acuerdo
sin mayores argumentos con la Ley de Garantías lo que saben es gastar, no
invertir.
Hacer debates y logar consensos que permitan hacer planeación económica y social, es parte del periodo electoral en el cual ni el tiempo y la plata se pueden perder.
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